El ex mandatario boliviano convocó a movimientos cocaleros y otras organizaciones de varios países para realizar la apertura del instrumento regional que se inagurará el próximo domingo. Lo que recurdece sus relaciones con el presidente Luis Arce.
Evo Morales aún no ha mencionado quiénes asistirán a la reunión pautada para el 23 de enero en la capital argentina, pero en La Paz sus colaboradores aseguran que han sido convocados movimientos de cocaleros de Perú, Ecuador y Colombia, además de otras organizaciones que no quieren mencionar pertenecientes a otros países.
El anuncio fue realizado dentro de un contexto donde las relaciones entre el ex mandatario y Luis Arce están muy afectadas, una de las señales sobre esto es que no fue invitado a los festejos de la llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS), que serán el 22 de enero.
Al respecto, dijo que estaría en Buenos Aires con sus amigos peronistas, y que al día siguiente tendrá el gusto de crear el instrumento regional que le permita consolidar un ámbito mayor para sus operaciones y de los “pueblos plurinacionales de América Latina”.
En los momentos en que Morales era solamente un dirigente sindical de los productores de coca de Chapare era quien solía frenar la salida de productos de Santa Cruz mediante el bloqueo de la carretera que atraviesa su zona. Ya en la presidencia de la república, logró lo mismo con más facilidad, prohibiendo legalmente algunas exportaciones de Santa Cruz.
El conflicto peruano afecta gravemente a la ciudad de La Paz y su satélite, El Alto, con el que logran fuertes conexiones comerciales, que se encuentran frenadas por el virtual cierre de la frontera. Se calcula que cada día el perjuicio equivale a 5,8 millones de dólares.
Antes de realizar el anuncio de su viaje a Buenos Aires, estuvo presidiendo una reunión de su partido que decidió reponer la orden por la cual todos los empleados públicos del gobierno central (unos 530.000) hagan un aporte mensual al MAS. Allí también dispuso que ningún militante del MAS pueda ser despedido de la administración pública, por ningún motivo.
Estas órdenes son una estrategia que quizás impidan que Arce pueda llegar a reducir la planilla de los empleados públicos, de urgente necesidad ahora que el déficit fiscal equivale a 8% del PIB, como en los últimos 9 años consecutivos, lo que es observado por el FMI.