Tres hombres fueron detenidos el pasado sábado y un total de 87 varones fueron rescatados de un centro de rehabilitación de adicciones en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires por el personal antitrata de la Policía Federal Argentina.
Los aprehendidos están acusados de ser los responsables de privar de su libertad a las víctimas, 77 de ellas mayores, mientras que el resto eran menores de edad, aplicarles castigos corporales y torturarlos, según fuentes policiales.
Las detenciones se produjeron en el marco de un allanamiento realizado el fin de semana pasado en el centro de adicciones "Los Valientes", ubicado en Monsegur 4403 de la localidad de La Reja, luego de que el fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial de Moreno, emitiera la ordena.
De acuerdo al jefe del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA), Gustavo Gauna, la investigación comenzó a partir de una denunciada realizada por inspectores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, luego de ser advertidos por una serie de irregularidades detectadas durante una inspección reciente.
Según el comunicado emitido por la fuerza, la denuncia describía al escenario como "dantesco" porque, además de la falta de habilitación, se advirtió que "los internos estaban en condiciones infrahumanas, de hacinamiento, encierro y privación de la libertad, toda vez que los tenían encerrados bajo llave y puertas enrejadas".
"Con gran estupor se halló un joven menor de edad atado en el interior de un gallinero. Ante este escenario escalofriante, efectuaron un informe para la Fiscalía interventora", se detalló. Pero, además, los patios de recreación estaban infestados de "aguas servidas", los baños "tapados" y las paredes "cubiertas de humedad".
Asimismo, se informó que solo había tres profesionales que asistían a la población de internos, "no habiendo médico o un psicólogo para realizar seguimiento de los tratamientos", prosigue el comunicado.
El operativo
"Tras haber recepcionando la denuncia por parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Airess, la UFI N°8 de Moreno nos dio intervención al Departamento de Trata de Personas -del cual soy titular-, dentro de este rol investigativo que tiene la PFA", confirmó Gauna.
Frente a esta situación, comenzó la investigación con la ayuda del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Víctimas del Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que concluyó en el allanamiento que se hizo el sábado.
Durante el operativo, las profesionales del Programa Nacional que ingresaron junto con el personal de PFA entrevistaron en forma separada a todos los menores de edad y, en forma aleatoria, a los mayores, quienes expresaron el deseo de abandonar el lugar para no tener que lidiar con torturas físicas y psicológicas.
Bajo el mismo contexto, las personas privadas de su libertad retrataron que eran sometidos a castigos corporales -como golpes, cortes y ataduras-, hambre, sed y hasta torturas dado que algunos refirieron que "eran atados y sumergidos en una pileta de agua a modo de castigo correctivo".
Al ser conocedor de la situación, el fiscal envió al personal del Departamento de Trata el traslado de varias víctimas hasta la sede judicial, donde ayer por la madrugada se les recibió una amplia y pormenorizada declaración testimonial. Los jóvenes con consumo problemático indicaron que los familiares solo podían verlos cada 21 días, y que en todo ese momento debían estar acompañados por alguno de los coordinadores del lugar, para de esta forma controlar sus conversaciones y dichos.
Tras la inspección del lugar, los detectives procedieron a incautar varios teléfonos celulares de los responsables del centro, una computadora y varias historias clínicas, elementos que serán peritados para poder esclarecer la causa. "Gracias a las diligencias realizadas, los menores fueron restituidos a sus familiares, y los mayores se retiraron del lugar, en compañía de sus seres queridos. Quedando clausurado ese centro del terror", se informó.
En cuanto a los detenidos, están acusados preliminarmente de los delitos de "asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, amenazas y lesiones" y por el momento, “no están imputados del delito de trata", aunque "la investigación en curso y podría recaratularse" en las próximas horas luego de que se realizan las primeras actuaciones.
"La investigación está basada primero en la situación de privación de libertad y autonomía propia que estaban sufriendo las personas que estaban en el lugar, realizando un posible tratamiento a su adicción a las drogas", explicó Gauna. Las pesquisas permitieron "determinar que una organización regenteaba el lugar", cuyos integrantes habrían obligado también a los internados a realizar "trabajos forzados en el lugar, de mantenimiento".