A partir de ahora todas las partes podrán apelarlo ante la Cámara Federal de Casación Penal, entre ellas se encuentra la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió la condena el pasado 6 de diciembre.
El Tribunal Oral Federal 2 detalló que entre 2003 y 2015 hubo "manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez".
Para los jueces se comprobó “la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.
Además remarcaron que la organización tuvo como jefes "a los ex primeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al ex Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido, al ex Secretario de Obras Públicas José Francisco López, al ex Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al ex Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los ex Presidentes, Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”.
Asimismo, los magistrados agregaron que “para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro Nacional".
Esto se logró a través de colocar com empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien lograron enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad, a su vez, seleccionaron a la provincia de Santa Cruz como el lugar en donde con la colaboración de funcionarios locales se ejecutaría la matriz de corrupción para "apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos".
Los representantes del Ministerio Público Fiscal aseguraron que una vez que fueron recibidos los fondos públicos por Lázaro Báez, “esta misma organización, iniciaría una etapa posterior, en la cual una porción de ese dinero atravesaría el camino inverso en favor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández" pero que esta vez sería a través del lavado de activos.