El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas evaluó al Estado argentino y en sus observaciones finales hizo varias referencias a violaciones de los derechos humanos en Salta. Sobre todo, cuestionó el decreto 91/23, que crea un protocolo antipiquetes o antiprotestas, ya que limita la libertad de reunión de las minorías, en particular de los pueblos indígenas. Además efectuó recomendaciones para prevenir y sancionar la violencia sexual contra niñas y mujeres originarias ejercida por criollos en la provincia; expresó gran preocupación por los desalojos y la falta de titularización de tierras ancestrales a las comunidades, y por la violencia institucional en perjuicio de miembrxs de pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes.
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