El proyecto de ley que apunta a modificar el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento para la adquisición de armas de destrucción masiva comenzó a ser debatido hoy por el Senado.
El proyecto sobre prevención y persecución de lavado de activos, que es impulsado por el Poder Ejecutivo y que fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de abril, tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe adaptar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
El titular de la UIF, Juan Carlos Otero, aseguró que el GAFI “evalúa a un país, no a un gobierno” y aseveró que la evaluación, efectivamente, arranca en septiembre de este año y que, con una visita en marzo del año que viene, finaliza en octubre de 2024.
“Una mala evaluación generará sanciones económicas y otras medidas restrictivas como una reducción del acceso a los mercados internacionales, una merma en el acceso a ayuda y la posibilidad de que la Argentina sea catalogado como un país de alto riesgo”, enumeró Otero. Además, por el contrario, agregó que la aprobación de la Ley le otorgará a la Argentina “mayores herramientas para combatir el crimen organizado y, en especial, el narcotráfico”.
Uno de los artículos del proyecto amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios. En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.