Debido a que notaron un “elevado grado de irregularidad” en el comercio exterior de ajos hasta mediados de 2022, la Dirección General de Aduanas (DGA) anunció este viernes que aplicó matrices de riesgos para ordenar el mercado, asegurar la liquidación de divisas y reducir el perjuicio en los productores agropecuarios que operan de forma debido.
Para ser precisos, Aduana descubrió que las exportaciones de ajo, con un volumen anual promedio de 115.000 toneladas, están repletas de la presencia de empresas apócrifas. De esta manera, encontraron que el 39% de los exportadores de ajo son insolventes, o sea, bajo fiscalización en marco de la IG 1041/19, en marco de sujetes que emiten facturas apócrifas.
A su vez, el 63% de las exportaciones de ajo se registró con incumplimientos en liquidación de divisas.
Como ejemplo, el organismo resaltó la denuncia penal a la firma Agroexportadora Hortalizas del Sur S.A., por apelar a triangulaciones indebidas para la subfacturación de 64 permisos de embarque; caso en el cual aplicaron multas de más de US$ 15 millones.
La Aduana sostuvo al respecto: “Somos implacables con este tipo de maniobras para apoyar a los productores agropecuarios genuinos, que son una importante fuente de empleo y divisas para la Argentina. Las empresas cáscara, en cambio, no son más que carpetas en un despacho y desprestigian el rubro. Las empresas de este tipo funcionan como pantallas, ya que suelen carecer de bienes, capital e, incluso, personal para el volumen con el que operan”.
A posterior, explicaron que la “verdadera” maniobra consta en comprar grandes cantidades de mercadería en efectivo por valor blue, y de manera informal, exportarla y luego omitir la liquidación de las divisas de las operaciones; por lo cual “explotan la brecha cambiaria” de forma indebida para adquirir márgenes de “presumiblemente, cerca del 25%”.