La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió que no sugerirá, por el momento, al gobierno de Javier Milei avanzar con el nombramiento de un veedor oficial para supervisar los estados contables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad liderada por Claudio “Chiqui” Tapia. La determinación fue comunicada por el responsable del ente regulador, Daniel Vítolo, tras concluir las audiencias con los peritos contables de la casa madre del fútbol y de la Superliga.
“Las declaraciones de los contadores y las presentaciones de AFA desagregando los conceptos de sus balances, comenzando a abrir detalles de las cuentas globales objetadas en sus estados contables de los ejercicios 2017 a 2024 -información que se encuentra ahora bajo análisis de los técnicos del organismo- hace descartar en este momento toda posibilidad de proponer la designación de veedores contables en la entidad”, sostuvo Vítolo, quien asumió su cargo bajo la órbita del Ministerio de Justicia conducido por Mariano Cúneo Libarona.
El funcionario precisó que, tras el peritaje de la documentación entregada por la AFA, “podrá determinarse si deben exigirse mayores precisiones o si se tendrá por cumplido el requerimiento”. En este marco, fuentes de la IGJ señalaron que la dirigencia tiene como fecha límite el martes 20 de enero para justificar la existencia de la Universidad de la AFA (UNAFA) y “las inversiones de fondos sociales para el desarrollo de tal actividad”.
Asimismo, Vítolo restó importancia a la tensión con Tapia por el cambio de jurisdicción de la Capital a la Provincia de Buenos Aires. Aseguró que no existe interés en retener a la asociación de forma forzosa, aunque enfatizó la necesidad de respetar el marco legal vigente.
“Si la AFA, como cualquier otra asociación civil en jurisdicción de la Capital desea cambiar su domicilio a una provincia sólo debe cumplir con lo que exige la ley para dicho traspaso”, manifestó. Y agregó: “Si la AFA cumple con ello, nada ni nadie en la IGJ se opondrá ni colocará obstáculos a su pretensión de cambio de jurisdicción”.
Finalmente, el titular del organismo buscó apaciguar el enfrentamiento con Tapia y Pablo Toviggino: “La IGJ no ha imputado jamás la comisión de delito alguno a la AFA ni a sus directivos ni asociados. Sólo se ha limitado a exigir información relevante en el cumplimiento de sus funciones como autoridad de contralor en el ámbito administrativo”.
Este gesto se interpreta como un intento de la Casa Rosada por reducir la fricción. Cabe recordar que en diciembre el gobierno comenzó un embate contra la AFA cuando la DGI denunció a Tapia por presunta apropiación indebida de tributos.
Audiencias y revisión de balances
Durante la jornada de ayer, los auditores que avalaron los balances de la AFA cuestionados entre 2017 y 2024 comparecieron ante la IGJ. Se trata de Claudia Carraro (2017), Umberto Mucelli (2018-2021) y Claudio Bisurgi (2022-2024).
En el ente regulador calificaron positivamente el «cambio de actitud» de la cúpula deportiva. Colaboradores de Vítolo indicaron que los profesionales “fueron colaborativos, brindando información sobre los estados contables y financieros auditados” y que respondieron sobre “los procedimientos que llevaron a cabo para corroborar la veracidad de los registros”.
Aunque la entidad había entregado sus estados contables en término, la IGJ había interpuesto observaciones sobre partidas específicas. “En su nueva presentación la AFA finalmente, dio marcha atrás en su resistencia y abrió parte de la información correspondiente a ese balance al 30/6/2024, desagregando las principales partidas que componen los rubros globales que habían sido objetados por IGJ en su momento”, confirmaron desde el organismo.
Por otro lado, Fernando Dubois, auditor de la Superliga de Fútbol Profesional, admitió que no responder a tiempo a las observaciones “había sido una falta”. Según fuentes oficiales, el contador pidió disculpas y se comprometió a entregar los informes restantes antes del plazo del 20 de enero.
La posición de la AFA: «La única verdad, es la realidad»
El martes pasado la AFA publicó un comunicado titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, rechazando anomalías contables o lavado de dinero. En el texto, aseguraron que solo hubo “una única vista debidamente notificada a la AFA [en 2017]”, argumento que Vítolo tildó de “ridículo”.
En cuanto al traslado de sede social, la AFA sostuvo que su asamblea fue supervisada por veedores y aprobada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ). Alegó que la asamblea en la que se tomó esta definición fue fiscalizada por veedores de la IGJ -algo que también reconoció el organismo- y que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) lo aprobó, inscribió y notificó formalmente a la IGJ.
No obstante, Vítolo desmintió haber recibido notificación de dicho organismo bonaerense: “Eso es falso. No hay constancia en IGJ de ninguna notificación en ese sentido. Tampoco la AFA acompañó copia de tal notificación en su presentación”.
La entidad del fútbol insiste, en contrapartida, en que ha adecuado su reforma de estatutos a los requerimientos formulados por la IGJ durante el último año.