Una investigación federal por presunto fraude con pensiones por invalidez avanzó en Salta con una nueva serie de allanamientos que dejaron al descubierto documentación médica sospechosa, radiografías duplicadas y estudios clínicos presuntamente falsificados.
El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional, que trabajaron durante más de un año y medio bajo coordinación de la Unidad Fiscal Federal de Salta.
La causa busca determinar el funcionamiento de una presunta organización dedicada a tramitar de manera ilegal pensiones por invalidez para personas que, según la hipótesis judicial, no presentaban enfermedades que justificaran el beneficio.
La investigación comenzó en noviembre de 2024 tras una denuncia preliminar y tomó mayor dimensión en junio de 2025, cuando se conformó un equipo especial integrado por fiscales descentralizados para profundizar el análisis y cruzar datos de beneficiarios del sistema previsional.
De acuerdo con la pesquisa, la maniobra habría sido impulsada por un exfuncionario municipal de una localidad del departamento de Anta y operaba mediante una red de punteros políticos que captaban familias vulnerables o numerosas.
Según la hipótesis fiscal, a cambio de gestionar el acceso a las pensiones, se exigía respaldo electoral.
Para sostener el circuito, la organización habría contado con la participación de profesionales de la salud y vínculos con sectores políticos. Médicos, bioquímicos y enfermeros emitían certificados utilizando patologías repetidas en distintos expedientes, principalmente enfermedad de Chagas y desviaciones severas de columna.
Los investigadores determinaron además que existían laboratorios utilizados para adulterar resultados y producir documentación médica falsa. Entre las irregularidades detectadas aparecieron radiografías reutilizadas para diferentes personas, estudios clínicos copiados con diagnósticos positivos de Chagas y certificados de discapacidad que incluso habrían sido firmados por funcionarios sin matrícula médica.
En una primera etapa, realizada en septiembre de 2025, se efectuaron allanamientos en clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares que derivaron en las primeras imputaciones por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con el análisis posterior de computadoras, archivos y documentación secuestrada, la Justicia avanzó esta semana con una segunda fase operativa.
Por orden del Juzgado Federal de Garantías N° 2, Gendarmería realizó nueve allanamientos simultáneos en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.
Durante los procedimientos, los agentes secuestraron numerosas placas de tórax y columna de distintas personas. Según informaron, cerca del 90% presentaba diagnósticos de desviación de columna y algunas incluso tenían espacios en blanco destinados a completar posteriormente el nombre del supuesto paciente.
Ahora, la Justicia analiza las nuevas pruebas recolectadas y evalúa formalizar la imputación de otras ocho personas, entre ellas tres médicos y nuevos funcionarios políticos de la provincia.